Conoce más
La defensa de los derechos humanos y el medioambiente van de la mano. Por esta razón, las personas defensoras batallan para que toda la ciudadanía pueda vivir de manera digna, apostando por un modelo de consumo hacia lo sostenible y comunitario, que ponga la vida en el centro.
Luchar contra la emergencia climática es un derecho que perjudica a los sectores más vulnerables del planeta, provocando crisis económicas, sociales y ambientales, especialmente a las mujeres. Según datos de Naciones Unidas, el 80% de las personas desplazadas por el cambio climático son mujeres.
Esta segunda edición pone el foco en la justicia climática de países atravesados por conflictos armados y sociales. Las participantes de esta edición fueron: Ariane Araújo, militante del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra de Brasil; Yenidia Cuéllar, lideresa feminista campesina, y Oscar Echeverri, firmante de paz, de Colombia; Sylvie Luzala, periodista y activista por los derechos de mujeres y niñas de República Democrática del Congo; Nawal Yousef, defensora de la tierra en Palestina; Cynthia Deduro, refugiada política en Alemania por defender los derechos humanos en Filipinas; y Necmettin Türk, defensor medioambiental del Kurdistán turco y exiliado en Alemania.
En Brasil fueron asesinadas 376 personas defensoras del medioambiente durante la última década. Campesinas, indígenas y afrodescendientes, muchas de ellas protegían la selva más importante del mundo: la Amazonía. Estos datos corresponden a Global Witness, que sitúa al gigante sudamericano como uno de los países más peligrosos para defensoras y defensores del medio ambiente, particularmente durante el anterior gobierno de Jair Bolsonaro.
Ariane Araújo es feminista campesina y popular, abogada y militante de los derechos humanos del Movimento Dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) que tiene como objetivos principales la reivindicación de una reforma agraria popular o la lucha por la educación en el campo y para el campo, entre otros.
“Las mujeres son las primeras afectadas en todos los escenarios de crisis. Las mujeres campesinas, indígenas y negras son quienes llevan la sociedad sobre sus espaldas. ¿Cómo van a sobrevivir y lograr su autonomía financiera o alimentaria? Es mucho peor para ellas, que trabajan con la tierra, la siembran, la producen y cuidan de las comunidades, siendo los hombres quienes se quedan con los créditos. No creo que debamos poner a las mujeres en un segundo plano. Ellas son las que más sufren la violencia, las primeras expulsadas y despojadas de sus tierras. O hay un cambio urgente y emergente en las políticas mundiales sobre la explotación de nuestra naturaleza o vamos a destinar a nuestro mundo a un suicidio colectivo”.
Colombia es uno de los países más diversos y ricos en recursos naturales, pero también encabeza la lista de los países más peligrosos para las defensoras de la tierra y el medio ambiente en el mundo, según Global Witness. El asesinato, las agresiones, la persecución y la criminalización son las consecuencias a las que se enfrentan las personas lideresas. Y, específicamente, las mujeres lideresas sufren agresiones y violencia sexual en el desempeño de esta labor.
Yenidia Cuéllar es feminista campesina, lideresa y defensora del medioambiente. Forma parte de la Coordinadora de Mujeres del Valle del río Cimitarra de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra – Red Agroecológica Nacional (ACVC-RAN) y es promotora de la Ruta Interinstitucional de Prevención y Protección de Nororiente de Colombia con enfoque de género, una apuesta de las mujeres campesinas para la construcción de paz y país.
“Como mujer campesina, creo y tengo la esperanza de que las cosas puedan mejorar. Sé que hay un deterioro medioambiental grandísimo a nivel global, que no se puede mejorar de un día para otro, pero nosotras queremos generar otros tipos de impactos en nuestro territorio y país. Somos la mitad de la población”. La defensora se destaca por su participación en la Coordinadora Ambiental de la Zona de Reserva Campesina, impulsando estudios y diagnósticos comunitarios de la biodiversidad de la región, específicamente, en la Línea Amarilla, un referente de conservación comunitario que tiene más de 40 años y que se encuentra en la Serranía de San Lucas, en la región del Magdalena Medio.
Como consecuencia de su liderazgo feminista, campesino y ambiental, Cuéllar está permanentemente expuesta a amenazas, persecución y estigmatización, por lo que durante los primeros seis meses de 2023 estuvo acogida con el Programa Catalán de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.
Oscar Echeverri es firmante de paz y representante legal de la Corporación Centro de Promoción de Desarrollo Territorial (CEPRODET), organización que desarrolla varios proyectos productivos. También coordina las cooperativas de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación del departamento del Cauca, zona especialmente afectada por el conflicto armado.
Para Oscar Echeverri, el acuerdo de paz firmado en Colombia en 2016 plantea una Reforma Rural Integral necesaria, como uno de los puntos que encierra parte del contexto histórico del conflicto. “El tema ambiental va muy ligado a la reforma, al cuidado que se debe tener de los sistemas ecológicos, pues prioriza la vida por encima de cualquier práctica económica que se realice en cualquier territorio”. Para ello, el firmante de paz destaca la importancia de que sean las propias comunidades quienes puedan ayudar a gestionar las políticas que contribuyan al mejoramiento del medioambiente, mediante prácticas del buen vivir que estén en armonía con la naturaleza.
Las tierras ancestrales en Filipinas contienen valiosos recursos minerales, razón por la que son explotadas y confiscadas por empresas multinacionales. Como consecuencia, miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus territorios. Además, la explotación radical de estos recursos conlleva a una reducción irreparable de la biodiversidad de las selvas y bosques. El Informe Global Witness sobre 2020 situó a Filipinas como el tercer país con más ataques a las personas defensoras del medio ambiente.
Cynthia Deduro es refugiada política en Alemania desde 2022, por las amenazas que recibía debido a sus actividades de defensa de los derechos humanos, en especial de la tierra y de los pueblos nativos. Es directora ejecutiva de Dagsaw (Red de Pueblos Indígenas de Panay), coordinadora en Panay del Consejo Nacional de Migrantes de Filipinas e integrante de Gabriela, organización que trabaja para defender los derechos de las mujeres.
Cynthia Deduro lleva más de 50 años defendiendo los derechos de las comunidades indígenas de Filipinas, especialmente de la isla de Panay, de donde es originaria. Expone que los diferentes gobiernos nunca han priorizado la defensa de la vida de estos pueblos, desplazándolos hacia las montañas, donde no hay terrenos para cultivar y vivir. También denuncia la construcción de una presa en el río Jalaur, que conllevaría a una mayor expulsión y destrucción del territorio. “Estas personas perderán sus casas, granjas y cultivos, sin tener adonde ir”. Además, la lideresa recalca que ni siquiera podrán beneficiarse de la electricidad, ya que la presa no suministrará energía a esa zona. «Arrestos, asesinatos y exilio, ese es el precio que hemos pagado por defender la tierra».
En el Kurdistán turco existe lo que se llama un ecocidio, es decir, un genocidio inducido a través de la destrucción ambiental. El caso más conocido son las 22 represas del Proyecto de Desarrollo Regional de Anatolia del Sudeste en el Kurdistán turco, que inundó 200 aldeas y desplazó a más de medio millón de personas.
Necmettin Türk es activista y defensor de los derechos humanos y el medioambiente desde el Movimiento Ecológico de Mesopotamia en Europa. Desde el 2006 está involucrado en la lucha del pueblo kurdo en el sudeste de Turquía (Kurdistán del Norte). En 2019 tuvo que exiliarse en Alemania, donde continúa alzando la voz de su pueblo y realiza un doctorado en la Universidad de Hamburgo.
Necmettin Türk se considera un activista medioambiental. Argumenta que los sucesivos gobiernos turcos han intentado destruir la nación kurda de todas las formas imaginables y una de sus estrategias en los últimos años es hacerlo a través de la destrucción ambiental, construyendo grandes megaproyectos hidroeléctricos. “Ellos saben que la tierra es el tejido esencial de nuestra cultura, patrimonio, historia y memoria. Por eso, sistemáticamente destruyen la tierra y la naturaleza, porque la destrucción del medio ambiente conduce a una muerte social. Cuatro mil aldeas han sido evacuadas por la fuerza y esas personas tuvieron que emigrar al oeste de Turquía. Son desplazamientos que tienen unos efectos devastadores”.
La lucha principal del pueblo palestino es contra la ocupación ilegal del Estado de Israel. Y las consecuencias de las estrategias israelíes para lograr una ocupación total tienen consecuencias medioambientales, de contaminación de sus recursos y contra la soberanía alimentaria, especialmente con el tema del agua. De hecho, Naciones Unidas denuncia continuamente la escasez de agua en Cisjordania y en Gaza, donde la mayoría de la población no tiene acceso a este recurso esencial.
Nawal Yousef nació en Venezuela como parte de la diáspora palestina. Vivió en el país latinoamericano hasta los 30 años, cuando volvió a sus raíces, al pueblo de Deir Ballut en el norte de Cisjordania. Desde hace tres años lucha por sacar adelante la Cooperative Innovation Society, la primera cooperativa agrícola fundada por mujeres del pueblo. Allí aprenden a trabajar la tierra sin químicos y manualmente, como manera de cuidar el territorio y de resistir para existir.
«Aquí pagamos el agua más cara del mundo. Los colonos israelíes nos están robando el agua. Estamos en una de las zonas más ricas de este recurso, por ello nos hacen esta presión para sacarnos. Estamos aisladas». Para Yousef, los asentamientos ilegales israelíes están haciendo mucho daño medioambiental, porque todas las aguas contaminadas y basuras terminan desechándose en los territorios palestinos. “No les importa si mueren nuestros animales, nuestros olivos… o nosotras mismas, solo quieren sacarnos del territorio. Como sea”. La agricultura para el pueblo palestino es una manera de sobrevivir, pero también de resistir y dignificar el pueblo, la cultura y la vida palestina.
La República Democrática del Congo tiene una de las mayores selvas tropicales del mundo, amenazada por la deforestación, la minería ilegal y la explotación petrolera. Los proyectos mineros de diamantes, coltán, oro o cobre provocaron casos de grave contaminación ambiental en varias zonas del país, principalmente en la provincia de Kivu del Norte.
Sylvie Luzala es militante feminista y periodista especializada en temas de violencia sexual y prostitución. Su trayectoria profesional pasó por la Radio Televisión Nationale du Congo y medios escritos. Quince años después y debido a las presiones, aparcó el periodismo para dedicarse a defender los derechos de la salud y de las mujeres y niñas desde una posición más activista a través de la organización Étoile du Sud (EDS), donde trabaja como coordinadora.
Además de la guerra, muchas comunidades de la República Democrática del Congo viven las consecuencias de los impactos medioambientales que produce la explotación minera y por la cual no reciben ningún beneficio. “Se priva a las comunidades de sus tierras, se las desplaza y masacra. Las empresas actúan muchas veces en connivencia con los actores armados”. Por defender los derechos de las comunidades, en especial de las mujeres en un país azotado por un conflicto armado que utiliza sus cuerpos como arma de guerra, ha recibido muchas amenazas. “Nuestro trabajo consiste en sensibilizar, movilizar y organizar a las comunidades. Y eso significa que nos pidan cuentas”.
La segunda edición contó con dos personas formadoras. Beatriz Puerta, facilitadora, experta sobre protección de personas defensoras, con una perspectiva integral y feminista, y Susana Borrás, profesora agregada de Dret Internacional Públic i Dret de la Unió Europea al Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili (URV) – CEDAT.
Al igual que en la primera edición, se trabajó el aspecto psicosocial y de atención a las personas defensoras de la mano de Patricia Jirón, psicóloga del Centro Exil.
Además, se realizaron varias actividades de sensibilización a pie de calle, como por ejemplo el conversatorio ‘Justicia Climática, Derechos Globales’, y la creación de un mural colectivo con las artistas colombianas Tropidelia, Electric Bananas y las personas defensoras en la plaza de la Libertad en Masnou.