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Los procesos de paz en diferentes países no son casos aislados; con frecuencia, presentan similitudes que pueden contribuir significativamente a la terminación de conflictos. Por ello, esta tercera edición está dirigida a defensoras y defensores de los derechos humanos que participan en procesos de paz en diversas fases, con el propósito de apoyar su compromiso con la construcción y consolidación de una paz duradera.
El encuentro reunió a representantes de dos países con experiencias relevantes en la búsqueda de soluciones a conflictos armados internos: Filipinas y Colombia. El objetivo principal fue crear un espacio de intercambio directo de experiencias y aprendizajes colectivos sobre estos procesos de paz, permitiendo la identificación de lecciones clave aplicables en contextos similares. Asimismo, se buscó fortalecer las capacidades de incidencia de las y los participantes mediante herramientas prácticas para la mediación y negociación, así como estrategias de prevención, protección y seguridad, tanto individuales como colectivas, que puedan ser aplicadas en su labor diaria.
Las personas participantes de esta edición fueron: Coni Ledesma, Juliet de Lima y Edre Olalia de Filipinas, y Olga Marcela Rico, Julián Gallo y Pastor Alape, de Colombia.
El gobierno filipino y el Frente Nacional Democrático de Filipinas (NDFP), coalición que representa al Partido Comunista de Filipinas (CPP) en el proceso, han acordado buscar las condiciones de la reanudación de las negociaciones de paz para poner fin a un conflicto que lleva más de cinco décadas activo. Las últimas negociaciones se rompieron en 2017, durante el mandato de Rodrigo Duterte. Esta nueva iniciativa, facilitada por Noruega, aún no es formal, pero compromete a ambas partes a construir un marco que aborde las raíces socioeconómicas del conflicto, en particular la desigualdad en la propiedad de la tierra y la necesidad de una reforma agraria.
La declaración conjunta se produce tras el reciente anuncio del presidente Ferdinand Marcos Jr. —hijo del dictador Ferdinand Marcos— sobre una propuesta de amnistía para las personas guerrilleras que entreguen sus armas, aunque esta medida requiere la aprobación del Congreso filipino. La amnistía cubriría delitos relacionados con la rebelión y actividades conexas cometidas en apoyo de creencias políticas, pero excluiría crímenes graves como secuestro, masacres, violaciones, terrorismo y violaciones a los derechos humanos, entre otros. Sin embargo, aún persisten dudas sobre si se trata de una amnistía real, dado el contexto de red-tagging, una práctica común en Filipinas que estigmatiza y etiqueta públicamente como «terroristas» a personas críticas o disidentes de las políticas gubernamentales.
Por el momento, no se ha acordado un cese al fuego. Además, persisten desafíos como la liberación de prisioneros políticos y la eliminación de la designación del Nuevo Ejército del Pueblo (NPA), rama armada del CPP, así como del propio CPP y del NDFP, de las listas de organizaciones terroristas. Desde 1969, el conflicto entre el Ejército filipino y el NPA ha causado entre 30.000 y 45.000 muertos.
Juliet de Lima es la presidenta interina del Panel de Paz del Frente Democrático Nacional de Filipinas (NDFP) y una figura destacada del Partido Comunista de Filipinas (CPP). En Oslo, reafirmó el compromiso del NDFP de reanudar las negociaciones de paz con el Gobierno de Filipinas (GRP), suspendidas desde 2017. Su objetivo principal es alcanzar acuerdos integrales que promuevan reformas sociales, económicas y políticas, incluyendo la reforma agraria para beneficiar al campesinado. Como presidenta, lidera la reestructuración del panel y la designación de nuevas personas integrantes, además de trabajar para garantizar la participación y liberación de consultoras del NDFP actualmente detenidas. De Lima también defiende la necesidad de establecer garantías de seguridad e inmunidad para las personas negociadoras, con el fin de crear un entorno estable y propicio para el diálogo.
“El problema de la tierra es un problema de una sociedad colonial y semifeudal”, señala Juliet de Lima. En Filipinas, el 70% de la población rural sigue sin acceso a tierras, ya que las reformas agrarias –o los intentos de implementarlas– se han aplicado de manera deficiente. Además, las tierras agrícolas privadas más productivas y fértiles continúan en manos de grandes terratenientes privados. La desigualdad relacionada con la propiedad de la tierra, estrechamente vinculada a las plantaciones coloniales de gran escala, ha sido y sigue siendo la causa más evidente del conflicto armado, social y económico en el país, especialmente en las zonas rurales.
Coni Ledesma es una figura clave del Frente Democrático Nacional de Filipinas (NDFP) como una de sus fundadoras. Su activismo se remonta a los años 60, cuando era monja y cofundadora de Christians for National Liberation, una organización clandestina de personas religiosas comprometidas con la lucha social. Pasó a la clandestinidad tras la declaración de la ley marcial en Filipinas en 1972 y fue detenida ese mismo año. Fue liberada gracias al apoyo de obispos y del Consejo Nacional de Iglesias. Desde 1976, trabaja a nivel internacional para el NDFP tras recibir asilo político en los Países Bajos junto a su esposo, el histórico líder Louis Jalandoni. Ledesma es una destacada defensora de la emancipación de las mujeres dentro del programa de 12 puntos del NDFP. Además, es la primera representante internacional de la Organización de Mujeres Revolucionarias en las conversaciones de paz y forma parte del Comité de Negociación.
“No solo quienes forman parte de la guerrilla deben tener garantías en el proceso de paz, sino también todas las personas que participan en las negociaciones”, destaca Coni Ledesma. La integrante del Comité de Negociación alerta sobre el peligro que enfrentan las personas consultoras del proceso de paz; muchas de ellas están encarceladas o han sido asesinadas. “Cualquiera que hable en contra del Gobierno es tildada de comunista y, por ello, su vida corre peligro. Esa es la situación. Trabajar por la paz en Filipinas es un gran riesgo”.
Edre Olalia es el director de la Unión Nacional de Abogados por el Pueblo (NUPL) y presidente interino de la Asociación Internacional de Abogados Democráticos (IADL). Desde la NUPL, lidera demandas ante el Tribunal Supremo de Filipinas para proteger a juristas, denunciando el asesinato de 59 abogadas y abogados durante la presidencia de Rodrigo Duterte. Como abogado de derechos humanos, critica los abusos del ejército y las ejecuciones extrajudiciales en la «guerra contra las drogas». Además, es consultor legal del comité de paz del Frente Democrático Nacional. Su equipo desafía las violaciones de derechos humanos mediante estrategias legales independientes, con el objetivo de frenar la represión estatal y defender causas populares y de base.
Olalia habla sobre el red-tagging y los señalamientos que, en el futuro, el gobierno filipino pueda realizar al finalizar las negociaciones de paz. “No todas las personas que participan en el proceso son integrantes del NDF; también hay académicas, abogadas, profesoras, activistas… ¿Cómo las proteges?”. Para el abogado, es esencial una inmunidad para que, dentro de tres, cinco o diez años, estas personas no sean detenidas, interrogadas ni torturadas. “Mucha gente tiene miedo de involucrarse o de hablar sobre el conflicto armado por temor a ser señalada como integrante de la guerrilla”.
Ocho años después de la firma del Acuerdo de Paz, la implementación avanza con desigualdades en un contexto de persistente violencia. Desde 2016, más de 1.500 líderazgos sociales y más de 400 personas firmantes de paz de las FARC-EP han sido asesinadas, mientras que antiguos territorios controlados por la insurgencia están ahora ocupados por otros grupos armados como el ELN, las llamadas disidencias de las FARC o estructuras paramilitares.
La implementación rural, que incluye la reforma agraria y los programas de sustitución de cultivos ilícitos, sigue siendo lenta, lo que limita el alcance de los compromisos asumidos en el Acuerdo. No obstante, se han logrado avances significativos en áreas como la participación política de mujeres y personas de la comunidad diversa, la reincorporación de firmantes de paz y la justicia transicional. Sin embargo, según el Instituto Kroc, solo un 32% de los compromisos del Acuerdo se ha cumplido plenamente y el 49% carece de viabilidad para su implementación total.
Con el objetivo de reactivar la implementación plena del Acuerdo, el gobierno de Gustavo Petro ha lanzado un plan de choque que prioriza la redistribución de tierras y el fortalecimiento de los programas de sustitución de cultivos ilícitos. Paralelamente, en el marco de la estrategia de Paz Total, busca negociar y alcanzar acuerdos con otros grupos armados que continúan operando en el país.
Olga Marcela Rico Sosa es firmante del Acuerdo de Paz de 2016 con el gobierno colombiano, donde desempeñó un papel destacado como integrante de la Comisión de Género, promoviendo la igualdad y los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+. Actualmente, forma parte de la Comisión para el Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), la instancia más alta creada por el Acuerdo, en el que participan el Estado colombiano y el Partido Comunes. Desde la firma del Acuerdo, ha trabajado activamente en la reincorporación de personas exguerrilleras a la vida civil, con un enfoque especial en las mujeres, liderando proyectos de desarrollo rural y emprendimientos.
Por primera vez en el mundo, un Acuerdo de Paz reconoció las historias, vivencias y aportes de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+, destacando su papel crucial como constructoras de paz y la necesidad de promover la igualdad y la equidad. Este logro histórico fue posible gracias al esfuerzo de organizaciones de mujeres y colectivas feministas, que lograron incluir 130 medidas específicas de género en el texto del Acuerdo. Sin embargo, según informes del Grupo de Trabajo Género en la Paz (GPAZ), solo una pequeña proporción de estas medidas se ha implementado plenamente. Esto pone de relieve la necesidad de mantener un compromiso constante y de adoptar acciones concretas que garanticen que estas políticas no solo queden plasmadas en el papel, sino que se traduzcan en transformaciones reales y tangibles en la vida de las personas.
Julián Gallo Cubillos es senador colombiano y firmante de paz. Fue uno de los negociadores clave del grupo insurgente en las conversaciones con el gobierno colombiano y, tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, uno de los principales líderes de la transición de la guerrilla al partido político Comunes. Desde 2018, ocupa un escaño en el Senado por esta formación, donde defiende la implementación plena del Acuerdo, con especial énfasis en el desarrollo rural y la justicia para las víctimas del conflicto. En su labor como senador, ha promovido proyectos de ley, audiencias públicas y debates sobre políticas de seguridad, derechos de las personas firmantes de paz y reforma agraria. Además, es compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz, donde ha contribuido a la verdad y la reconciliación del conflicto.
La violencia y el desplazamiento forzado en Colombia están profundamente relacionados con el modelo de concentración de tierras. La frase «En Colombia hay un dicho que dice que no hay desplazados porque ha habido guerra, sino que hay guerra para que haya desplazados», refleja la magnitud del problema. Más de ocho millones de personas han sido desplazadas debido al conflicto armado, siendo las comunidades rurales las más afectadas.
José Lisandro Lascarro, más conocido como Pastor Alape, es firmante del Acuerdo de Paz de 2016 con el gobierno colombiano, tras haber formado parte del equipo negociador en La Habana. Tras optar por la vía política, su labor más destacada ha sido su trabajo en favor de la reincorporación efectiva de las personas exguerrilleras, desde su rol en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), donde impulsó proyectos de desarrollo rural, económico y educativo para las personas firmantes de paz, enfrentando desafíos relacionados con la implementación y la seguridad. Actualmente, sigue promoviendo el desarrollo rural y la paz como miembro del partido Comunes.
En el contexto del conflicto armado interno en Colombia, la tierra se ha convertido en un factor clave que ha condicionado tanto la violencia como la exclusión social. Pastor Alape señala que los derechos del campesinado han sido históricamente vulnerados, lo que ha generado una profunda desigualdad en la distribución y tenencia de la tierra. Según Oxfam, el 1% de los propietarios concentra el 80% del territorio agrícola, dejando a la gran mayoría de la población rural con acceso solo a una mínima fracción de tierra. Por esta razón, la distribución equitativa y justa de la tierra es fundamental para avanzar hacia una paz duradera y con justicia social en el país.