Edición 5: Protección comunitaria – Escuela de defensoras

Defender los derechos humanos, el territorio o el medioambiente sigue siendo una actividad de alto riesgo en muchos lugares del mundo. Amenazas, criminalización, desplazamientos forzados, asesinatos o desapariciones forman parte de la realidad cotidiana de numerosas personas defensoras que trabajan junto a sus comunidades para proteger la vida y la justicia social. Frente a estos desafíos, el acompañamiento internacional se ha consolidado como una herramienta de protección y solidaridad. Más allá de la presencia física en contextos de riesgo, contribuye a visibilizar vulneraciones de derechos, fortalecer redes de apoyo y generar espacios de intercambio entre quienes comparten luchas similares en distintos territorios.

La V Escuela de Defensoras pone el foco en el acompañamiento internacional y coincide con un momento especial para la organización, que cumple quince años de trabajo junto a organizaciones sociales y personas defensoras. Tras iniciar su labor en Colombia, donde acompaña desde 2011, IAP comenzó a trabajar en Filipinas hace un año. La Escuela reúne a personas defensoras de Colombia y Filipinas en un momento especialmente relevante para ambos países. Mientras Colombia se acerca al décimo aniversario de la firma del Acuerdo de Paz en un contexto donde persisten la violencia y las amenazas contra liderazgos sociales, Filipinas vive un momento clave en la búsqueda de verdad y justicia por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la llamada «guerra contra las drogas».

A través del intercambio de experiencias y la construcción de redes de solidaridad, esta edición busca fortalecer a quienes defienden los derechos humanos y recordar que ninguna persona ni comunidad debería afrontar sola los riesgos derivados de su compromiso con la justicia, la paz y la defensa de los derechos fundamentales.

En noviembre de 2026, Colombia cumple diez años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP, un hito que marcó el inicio de una nueva etapa tras más de 50 años de conflicto armado. Sin embargo, el país continúa enfrentando importantes desafíos en materia de derechos humanos. Según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz INDEPAZ, desde la firma, cerca de 2.000 personas defensoras y más de 480 firmantes de paz han sido asesinadas. Aunque el Acuerdo abrió oportunidades para la participación política, la reconciliación y la transformación de territorios históricamente afectados por la violencia y el abandono estatal, numerosas regiones del país continúan enfrentando graves problemas de seguridad. Las comunidades rurales siguen soportando los impactos de la desigualdad, la disputa por el control territorial y la presencia de distintos actores armados. La implementación del Acuerdo avanza de forma desigual y enfrenta múltiples obstáculos. Diversos sectores políticos y económicos han cuestionado o dificultado el desarrollo de algunos de sus puntos fundamentales, especialmente aquellos relacionados con la reforma rural integral, la participación política y las garantías de seguridad.

Las personas defensoras de los derechos humanos, liderazgos sociales, organizaciones y comunidades que trabajan por la construcción de paz siguen desempeñando un papel fundamental. En este contexto, el acompañamiento internacional se ha convertido en una herramienta fundamental para la protección de quienes defienden los derechos y para la visibilización de situaciones que, con frecuencia, permanecen alejadas de la atención internacional. La V Escuela de Defensoras reúne a personas que, desde distintas realidades de Colombia, continúan trabajando por la paz, la justicia social y la defensa de la vida.

Guillermo Antonio Quintero Sierra

Guillermo Antonio Quintero Sierra es zootecnista, líder social e integrante de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), organización que desde hace más de dos décadas trabaja por la defensa de los derechos campesinos y el fortalecimiento de las comunidades rurales de esta región del nororiente colombiano. Actualmente forma parte de su junta directiva, desde donde continúa impulsando procesos de organización comunitaria y defensa del territorio.

El defensor habla sobre la crisis humanitaria que atraviesa actualmente el Catatumbo. Señala cómo el recrudecimiento del conflicto armado ha provocado desplazamientos masivos y afectaciones para las comunidades. Le preocupa la fractura social que está dejando esta violencia, que define como una guerra entre familias y personas de un mismo territorio, con consecuencias que marcarán a las comunidades durante años.

A pesar de este contexto, mantiene la esperanza en el futuro del Catatumbo. Destaca especialmente el papel de la juventud y el trabajo que las organizaciones sociales han realizado para formar nuevos liderazgos y fortalecer el relevo generacional. También confía en iniciativas como la futura Universidad del Catatumbo y en los procesos de transformación territorial vinculados a la implementación del Acuerdo de Paz, que considera fundamentales para ofrecer alternativas a las nuevas generaciones.

Para Guillermo, resistir significa seguir acompañando a las comunidades incluso en medio de las dificultades. En ese camino, destaca también el papel que ha desempeñado el acompañamiento internacional durante años. Considera que la presencia de IAP ha contribuido a proteger la vida de liderazgos sociales, fortalecer la defensa de los derechos humanos y visibilizar la situación que viven muchas comunidades.

Luis Francisco González Cabrera

Luis Francisco González Cabrera Cabrera forma parte de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) desde 2005, donde es responsable del eje de ambiente y coordinador de la seccional Sur de Bolívar. Como defensor de derechos humanos, acompaña procesos de reconciliación y construcción de paz, es integrante de la Mesa de Víctimas del municipio de San Pablo y miembro del Consejo Municipal de Paz. Además, coordina la Ruta de Protección a líderes, lideresas y comunidades del nororiente colombiano.

El líder reflexiona sobre el impacto que el conflicto armado ha dejado en la región del Magdalena Medio. Habla del río Magdalena y de cómo durante años se convirtió en escenario de violencia y dolor para miles de familias. Destaca también la importancia de que el propio río haya sido reconocido como víctima del conflicto, una decisión que considera fundamental para comprender la dimensión humana, social y ambiental de la guerra.

Para el defensor, resistir significa permanecer en el territorio y seguir defendiéndolo pese a las dificultades. Aunque en algunos momentos se ha visto obligado a desplazarse por razones de seguridad, siempre ha regresado para continuar acompañando a las comunidades. La solidaridad y la organización comunitaria son, para él, herramientas fundamentales para proteger la vida y mantener la esperanza en medio de la adversidad.

Luis Francisco también subraya la importancia del acompañamiento internacional. Tras más de quince años de presencia de IAP junto a la ACVC, considera que este trabajo ha sido —y sigue siendo— fundamental para la protección de las comunidades y la visibilización de las vulneraciones a los derechos humanos que continúan produciéndose en el Magdalena Medio.

Natali González

Natali González Arce es constructora de paz, defensora de derechos humanos e integrante de COBSEPAZ–PAZES, una organización que trabaja en el seguimiento y análisis de las condiciones de seguridad de las personas firmantes del Acuerdo de Paz, sus familias y las comunidades que continúan apostando por la reconciliación en Colombia. Psicóloga y neuropsicóloga de formación, lleva más de dos décadas vinculada a procesos sociales, comunitarios y políticos relacionados con la construcción de paz.

La defensora pone el foco en el asesinato de personas firmantes del Acuerdo de Paz. Una realidad que afecta no solo a quienes pierden la vida, sino también a sus familias, a los proyectos colectivos que impulsaban y a las comunidades que acompañaban. Para ella, estos asesinatos representan un obstáculo para la construcción de una paz estable y duradera.

Natali remarca que muchas de las personas firmantes asesinadas fueron atacadas precisamente por su papel activo en la transformación de los territorios y en la búsqueda de alternativas a la violencia. Por eso, advierte que la paz no puede medirse únicamente por la disminución de los enfrentamientos armados, sino también por la capacidad de proteger a quienes trabajan para hacerla posible. Acompañar el proceso de paz le ha permitido conocer de cerca tanto las dificultades como las oportunidades que abrió el acuerdo para miles de personas. Para Natali, su implementación sigue siendo fundamental para construir una sociedad más justa y avanzar hacia una paz duradera.

También invita a mirar los conflictos desde una perspectiva más amplia. Considera que muchas de las violencias que afectan a territorios como Colombia o Filipinas están relacionadas con intereses económicos y disputas por el control de recursos naturales, una realidad que conecta experiencias de resistencia en distintos lugares del mundo.

Filipinas es uno de los países más peligrosos para quienes defienden los derechos humanos, el territorio y el medioambiente. Durante las últimas décadas, organizaciones nacionales e internacionales han documentado asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, campañas de criminalización y otras formas de persecución contra activistas, liderazgos comunitarios, periodistas y personas defensoras. A ello se suman los conflictos relacionados con el acceso a la tierra, los proyectos extractivos y los efectos de la crisis climática sobre numerosas comunidades. En un país donde persisten prácticas como el red-tagging —la estigmatización de activistas y organizaciones como supuestas colaboradoras de grupos insurgentes—, muchas comunidades siguen organizándose para defender sus derechos y territorios.

Entre julio de 2022 y diciembre de 2025, bajo el gobierno de Ferdinand Marcos Jr., la organización Karapatan registró 135 ejecuciones extrajudiciales, 16 desapariciones forzadas y más de 800 detenciones arbitrarias, además de miles de casos de desplazamiento forzado, amenazas e intimidaciones. La organización denuncia también la existencia de cerca de 700 personas presas por motivos políticos a finales de 2025.

La situación actual no puede entenderse sin el legado de la llamada “guerra contra las drogas” impulsada durante la presidencia de Rodrigo Duterte (2016-2022). Organizaciones de derechos humanos estiman que esta política dejó más de 30.000 personas asesinadas, la mayoría en ejecuciones extrajudiciales. La reciente detención de Duterte por orden de la Corte Penal Internacional ha sido interpretada como un paso significativo en la lucha contra la impunidad.

En este contexto, el acompañamiento internacional se ha convertido en una herramienta importante para la protección y la visibilización de estas luchas. La V Escuela de Defensoras reúne a personas que, desde distintos ámbitos, continúan trabajando por la justicia, la defensa del territorio y los derechos de las comunidades filipinas.

Ariel Casilao

Ariel Casilao es presidente nacional de la Unión de Trabajadores Agrícolas (UMA), una organización que defiende los derechos de las personas trabajadoras rurales en Filipinas. Lleva años vinculado a las luchas por la reforma agraria, los derechos laborales y la justicia social, especialmente en Negros y Luzon.

El lider pone el foco en las dificultades que afrontan muchas familias campesinas y trabajadoras en Filipinas. Habla del aumento del coste de la vida, de la falta de respuestas eficaces por parte del gobierno y de la necesidad de que la ciudadanía se organice colectivamente para exigir soluciones a problemas que afectan directamente a millones de personas.

La defensa de la reforma agraria ocupa un lugar central en su trabajo. Ariel denuncia que numerosas tierras agrícolas continúan siendo destinadas a plantaciones comerciales y otros proyectos impulsados por grandes empresas, mientras muchas comunidades siguen sin acceder a la tierra que trabajan. También señala las duras condiciones que enfrentan las personas trabajadoras agrícolas, especialmente en regiones azucareras como Negros, donde las largas jornadas suelen ir acompañadas de salarios insuficientes y escasas garantías laborales.

Para el defensor, resistir significa organizarse y defender los derechos de las comunidades, incluso en contextos de creciente criminalización. Explica que leyes aprobadas en los últimos años han sido utilizadas contra organizaciones sociales, movimientos campesinos y voces críticas, generando riesgos para quienes reclaman cambios sociales y políticos. Su propia trayectoria ha estado marcada por estas dificultades, hasta el punto de no haber podido regresar con seguridad a su lugar de origen (Mindanao) durante más de una década. A pesar de ello, mantiene la convicción de que los cambios solo pueden alcanzarse mediante la acción colectiva.

Cathleen “Degz” De Guzman

Cathleen “Degz” de Guzman es defensora del medio ambiente, activista LGBTQI+ y organizadora comunitaria de Filipinas. Es coordinadora nacional de Kalikasan People’s Network for the Environment, una red nacional de defensa ambiental con sede en Filipinas. Está formada por diversas ONG, organizaciones de base y personas defensoras del medioambiente que trabajan conjuntamente por la protección de los ecosistemas y los derechos de las comunidades afectadas por problemas ambientales.

Degz explica que la defensa del medioambiente en Filipinas está estrechamente ligada a la defensa de los derechos de las comunidades. A través de su trabajo ha acompañado a poblaciones afectadas por proyectos mineros, canteras y otras actividades extractivas en distintas regiones del país. Y denuncia que, pese a la enorme riqueza natural de Filipinas, muchas comunidades continúan viviendo en condiciones de pobreza mientras grandes empresas, con el apoyo de las autoridades, se benefician de la explotación de los recursos.

La defensora advierte de los riesgos que enfrentan quienes defienden el territorio. Explica que muchas personas son señaladas como terroristas o enemigas del Estado simplemente por acompañar a las comunidades y denunciar los impactos ambientales de determinados proyectos. La persecución y criminalización de activistas ambientales forma parte de una realidad que ella y sus compañeras conocen de primera mano.

Degz está convencida que si no se frena la destrucción de los recursos naturales y la explotación indiscriminada del territorio, las próximas generaciones heredarán un planeta cada vez más inhabitable. Por ello, considera fundamental el acompañamiento internacional. Saber que personas de otros lugares del mundo conocen y siguen lo que ocurre en Filipinas fortalece la esperanza y señala que muchas de las luchas de las comunidades filipinas son compartidas por pueblos y movimientos de otros países.

Ma. Cristina Angela Guevara

Ma Cristina Angela Guevara es secretaria general de Desaparecidos, una organización formada por familiares y personas cercanas a víctimas de desaparición forzada en Filipinas, e integrante del Consejo Nacional de Karapatan Alliance Philippines, una de las principales redes de defensa de los derechos humanos del país. Desde hace más de dos décadas trabaja por la búsqueda de verdad, justicia y reparación.

Cristina señala que los desafíos para las personas defensoras continúan siendo enormes en Filipinas. Aunque el actual gobierno se presenta como garante de los derechos humanos, destaca que persisten muchas de las problemáticas que han marcado al país durante años: la pobreza, la falta de acceso a la tierra para las comunidades campesinas, el aumento del coste de la vida y la violencia contra quienes se organizan y reclaman cambios.

La defensora sostiene que las injusticias que afectan a muchas comunidades filipinas siguen presentes y que la justicia no llegará por sí sola, sino que debe conquistarse a través de la organización, la movilización y la perseverancia. A lo largo de los años ha visto cómo compañeras y compañeros han sido perseguidos, detenidos o desaparecidos. Sin embargo, encuentra la fuerza para continuar en la solidaridad y el trabajo colectivo, convencida de que solo desde el apoyo mutuo y la organización social es posible seguir defendiendo la dignidad y la justicia.

Cristina defiende la importancia de construir alianzas entre movimientos y comunidades de distintos países para hacer frente a las desigualdades, los conflictos y las violencias que afectan a millones de personas en todo el mundo. Para ella, el acompañamiento internacional y la solidaridad entre pueblos son herramientas fundamentales para seguir avanzando en esa dirección.

Formadoras y formadores

Alejandra Durán. Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, con formación especializada en derecho ambiental y una trayectoria vinculada a la cooperación internacional y la defensa de los derechos humanos. En esta edición facilitó una sesión sobre mecanismos de protección internacional para las personas defensoras del medio ambiente. La ponencia se centró en la Organización de las Naciones Unidas y los sistemas interamericano, africano y europeo, a la vez que identificó patrones comunes de conflicto (extractivismo, turismo, imposición de modelos económicos, etc.) y la tipología de las agresiones.

Beatriz Puerta. Experta en protección de personas defensoras, con una perspectiva integral y feminista. Lleva varias ediciones acompañando este proceso, facilitando los espacios de reconocimiento, análisis de seguridad, mecanismos de protección y cuidados, y contribuyendo al fortalecimiento de estrategias colectivas para la protección y el bienestar de las personas defensoras.

José Luis Nvumba. Nacido en Guinea Ecuatorial, se licenció en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Tras licenciarse en 1986, regresó a su país, donde se implicó en la defensa de las libertades democráticas y en la creación del partido CPDS en la clandestinidad, lo que lo llevó a enfrentarse al aparato represor del Estado guineano. En 1993, después de salir de prisión, se exilió en Cataluña. Actualmente ejerce como abogado y colabora con la Fundación A. Catalana de Solidaridad y Ayuda a los Refugiados (ACSAR). Además de asesorar y acompañar a personas refugiadas en la tramitación de sus expedientes de asilo, no ha dejado de involucrarse en diversas causas en defensa de la democracia y los derechos humanos.