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Las personas defensoras de los derechos humanos son aquellas que, a título individual o colectivo, trabajan para hacer realidad los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y que actúan pacíficamente para visibilizar situaciones de injusticia social. En la primera edición de la Escuela de Defensoras se puso el foco en Filipinas, República Democrática del Congo y Colombia, donde las personas defensoras protegen derechos tan fundamentales como el medio ambiente, la tenencia de la tierra, el derecho a la salud o la vida.
Enfocada en una visión más general del trabajo en la defensa de los derechos humanos, esta experiencia fue una posibilidad de hablar, exponer, compartir y entender los contextos de otras realidades. Una manera de ver como en diferentes partes del mundo se desarrolla el mismo trabajo de defensa de los derechos más básicos, del territorio y de la vida, y así conectar no solo a las personas, sino también sus luchas; entendiendo que lo local es global y viceversa. Las participantes de esta edición fueron Clarisa Ramos y el obispo Antonio Ablon, exiliadas filipinas en Europa, Billy Mwangaza desde República Democrática del Congo, y Diana Martínez, Yurany Cuéllar y Francelly Arias, lideresas colombianas.
Desde la firma de los Acuerdos de Paz en 2016 en Colombia, entre las FARC-EP y el Gobierno, más de 1.500 personas defensoras de los derechos humanos han sido asesinadas, así como más de 350 personas firmantes de paz. Defender la vida, el territorio y la paz, sin garantía alguna, conlleva a vivir múltiples situaciones de violencia, persecución, amenazas y muerte.
Francelly Arias es firmante de paz de las antiguas FARC-EP e integrante de la dirección del partido Comunes de Antioquia. También es lideresa del Mercado de las Mujeres Construyendo Paz, una iniciativa que incluye a 34 mujeres en proceso de reincorporación y donde se comercializan productos de los diferentes espacios territoriales. Además, Arias acompaña procesos de reconciliación y comités de género. Actualmente, cursa el cuarto semestre de Sociología.
“Nos toca seguir dando una lucha por ganar los espacios representativos dentro de la vida civil, en lo político, económico y social. Y creo que ahí vamos a continuar desde la resistencia como mujeres, haciendo todos los procesos.” Arias y otras compañeras firmantes de paz han luchado por su reincorporación a la vida civil, en la cual –a pesar de los obstáculos y violencias– han asumido con ilusión nuevos roles: ser madres, estudiantes, emprendedoras (con diferentes proyectos productivos), ciudadanas y lideresas. Pero también como constructoras de paz y país.
Yurany Cuéllar es defensora colombiana feminista. Hace diez años que comenzó su labor en la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra – Red Agroecológica Nacional (ACVC-RAN), defendiendo los derechos de las mujeres desde el comité de género. También es cofundadora y coordinadora de la Coordinadora de Mujeres del Nororiente de Colombia. La fuerza y la pasión de su trabajo la ha llevado a poner el feminismo campesino y popular en los debates dentro de las comunidades, defendiéndolo como «una lucha frente a este modelo patriarcal y capitalista que utiliza nuestro cuerpo como negocio».
“Nuestro feminismo campesino y popular lucha por la vida, la tierra, el territorio, la semilla nativa, recogiendo las voces de las mujeres campesinas, indígenas y afro. Es un feminismo que estamos construyendo con nuestros compañeros y nuestras compañeras desde los territorios”. Cuéllar forma parte de la ACVC-RAN, una organización referente en la defensa integral de los derechos humanos y que promueve la lucha por el acceso a la tierra y la dignificación del campesinado en Colombia.
Diana Martínez es lideresa campesina, defensora de los derechos humanos y comunicadora social para medios populares alternativos en el departamento del Meta. Ha trabajado en conjunto con personas firmantes del Acuerdo de Paz en el proyecto de turismo comunitario Oriente Verde. A su vez, es impulsora de jóvenes en la organización Juventud Ambientalista Preservando Futuro y fue una de las voceras en las marchas de las protestas del Paro Nacional.
“Yo me considero defensora y lideresa desde el momento que empiezo a defender el territorio y la vida en nuestras comunidades”. Para Martínez, ser lideresa es algo con lo que se nace, pero que también le viene de familia, ya que su madre Doris Rivera también es una reconocida lideresa de la región. Destaca que siempre ha vivido en conflicto, lo que la ha llevado a sufrir varias amenazas; razón por la que, durante su participación en la primera edición de la Escuela, Martínez estaba acogida en el Programa Catalán de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Además, afirma que como mujer le ha tocado sufrir una doble violencia: por parte del conflicto armado y del sistema patriarcal y machista por el que se rige el mundo.
En Filipinas desde 2016, año en el que tomó el poder el anterior presidente Rodrigo Duterte, se han sucedido más de 30.000 ejecuciones extrajudiciales, miles de detenciones ilegales, casi medio millón de desplazamientos forzados y más de 700 prisioneros políticos. Estos datos son recogidos por Karapatan, una alianza nacional de organizaciones que trabaja por la promoción y protección de los derechos humanos en Filipinas. Desde el 9 de mayo de 2022 el país lo preside Bongbong Marcos, hijo del dictador Marcos, y Sara Duterte como vicepresidenta, hija de Rodrigo Duterte.
Clarisa Ramos es coordinadora del capítulo de Europa de la Coalición Internacional por los Derechos Humanos en Filipinas (ICHRP). Es refugiada política en Bélgica desde julio de 2020, por su labor en la defensa de los derechos humanos y por denunciar el asesinato de su marido en 2018. Enfermera de formación, ha trabajado durante 27 años con una entidad de agricultores locales y trabajadores de la isla de Negros, enfocados en la reforma agraria y salud.
Ser una refugiada política para Clarisa Ramos fue una decisión muy difícil. Tuvo que dejar a sus hijos en su país tras las amenazas recibidas por denunciar la muerte de su marido, abogado de los derechos humanos. Sufrió lo que se denomina red-tagging, fenómeno por el que se acusa y estigmatiza a cualquier persona de comunista y terrorista, y que sirve para justificar la ley antiterrorista y sus asesinatos. “Toda persona que moleste, es decir, que defienda los derechos humanos y esté en contra del Gobierno, automáticamente es enemiga”, afirma Ramos. Para ella, es muy complicado vivir en un país en conflicto, con un Gobierno machista que acosa y amenaza a las personas campesinas, no pone en marcha programas para la ciudadanía y ofrece las tierras a empresas extranjeras.
Antonio Ablon es obispo de la llamada Iglesia Filipina Independiente (IFI) un movimiento religioso de liberación fundado en 1902 tras la colonización española. Por su trabajo en la defensa de los derechos humanos de las comunidades campesinas y pueblos originarios en la isla de Mindanao, tuvo que exiliarse en 2018 a Alemania, donde hoy es coordinador del IFI en Europa.
Como religioso afirma no tener ideología política, pero sí un profundo compromiso social y defender causas que no están en sintonía con la iglesia tradicional, como la salud reproductiva, que fomenta el uso de métodos anticonceptivos y la planificación familiar. Igualmente, IFI tiene mujeres sacerdotisas y está abierto a las disidencias sexuales y de género. Defender los derechos humanos, en particular de las comunidades indígenas, le valió una dura persecución hasta el punto de ver su nombre pintado en las paredes de su iglesia. Añora regresar a Filipinas, aunque reconoce que no se dan las condiciones: “Allí estamos estigmatizados porque nos acusan de ser comunistas y terroristas, pero aun así no voy a dejar de trabajar por los derechos humanos”.
En República Democrática del Congo, el conflicto armado no solo ha producido más de seis millones de personas desplazadas, también ataques contra poblaciones civiles y la destrucción de viviendas, escuelas, centros de salud y cultivos. Violencia sexual, inseguridad alimentaria y una alta degradación ambiental producida por empresas mineras. Las personas defensoras de derechos humanos viven una grave situación de vulnerabilidad.
Billy Mwangaza es original de Butembo, una ciudad azotada por la guerra de la provincia de Kivu del Norte, al nordeste de la República Democrática del Congo. Es defensor de los derechos humanos y militante del derecho a la salud desde la organización Étoile du Sud (EDS), un movimiento de activistas que empodera a la población en educación sanitaria para la prevención de enfermedades.
Para el activista Billy Mwangaza la pobreza, la violencia, la inseguridad, la injusticia social y el conflicto armado son determinantes para la salud de la población de su país, que cuenta con un sistema de salud precario y sin perspectiva de género. Desde EDS, trabaja en diferentes regiones tratando de concienciar y movilizar a la ciudadanía para que reclamen sus derechos a la salud. “Hay que defender a la gente allí donde vive, ver cómo ayudarla a organizarse y cómo crear lugares donde pueda expresarse libremente”.
La primera edición tuvo dos componentes formativos. Uno más interno donde se trabajó el aspecto psicosocial y de atención a las personas defensoras de la mano de Patricia Jirón, psicóloga del Centro Exil, organización que ofrece atención terapéutica a personas solicitantes de asilo, infancia, víctimas de guerra, de malos tratos, de abusos, de violencia machista, migrantes y defensoras de derechos humanos.
Y otro de formación más especializada, donde los liderazgos pudieron incrementar sus conocimientos sobre técnicas de protección y autoprotección con Florent Geel, director adjunto de Promediation, organización no gubernamental apolítica, especializada en el apoyo a los procesos de paz.
Además, se realizaron varias actividades de sensibilización a pie de calle, como por ejemplo la creación de un mural colectivo con las artistas Tropidelia, Pr3za y las defensoras en el Ágora Juan Andrés Benítez del Raval (Barcelona).